Legisladores denuncian que Trump quiere ocultar la crisis en la frontera

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Washington – Legisladores hispanos denunciaron este jueves que el presidente Donald Trump intenta ocultar de la vista publica la crisis migratoria en la frontera sur al alejar de EE.UU. a los solicitantes de asilo, y todo ello con la complicidad del Gobierno de México.

«El presidente quiere librarse de un problema sin resolverlo», declaró el congresista Joaquín Castro, representante demócrata de Texas y presidente del Caucus Hispano legislativo, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Junto a otros legisladores, médicos y abogados, criticó el programa federal Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), que hasta enero pasado, cuando cumplió un año de su implementación, había enviado a más de 60.000 solicitantes de asilo a diferentes ciudades de la frontera norte de México.

Allí deben esperar a que sus casos sean escuchados por jueces de inmigración, «que actúan por videoconferencia», como señalaron los legisladores, sin contacto personal y lejos de las tiendas de campaña que funcionan como tribunales en los puentes fronterizos.

«El gobierno está tratando de empujar esta crisis humanitaria fuera de la vista del público, y negar cualquier responsabilidad», dijo Castro, hasta hace poco tiempo aspirante presidencial demócrata.

Por su parte, la congresista Verónica Escobar, también representante de Texas, fue más dura en su crítica al afirmar que Trump cuenta con la complicidad de México para llevar a cabo «abusos masivos de derechos humanos» en la frontera.

«Lo digo con firmeza y claramente: México es cómplice», señaló la congresista, por permitir el envío de miles de solicitantes de asilo a ciudades peligrosas del vecino país, «que el propio Departamento de Estado aconseja no visitar» a los ciudadanos estadounidenses.

«Los migrantes son gente muy vulnerable, abandonada a su propia suerte en la frontera donde sufren todo tipo de ataques violentos y están a merced de los carteles de la droga», afirmó.

Un grupo de 17 congresistas visitó hace un mes un campamento improvisado que formaron unos 2.000 migrantes trasladados a la ciudad mexicana de Matamoros, la mayoría centroamericanos.

«Allí pudimos ver cómo sobreviven, en tiendas de campaña y alimentados por organizaciones no gubernamentales de ambos lados de la frontera», dijo Castro.

«Es una vergüenza. Son condiciones que no deberían enfrentar las personas que buscan asilo legalmente en nuestro país. Son seres humanos», agregó.

El congresista demócrata por Illinois, Jesús «Chuy» García, dijo que los legisladores asumieron con los migrantes que visitaron el compromiso de «echar luz» sobre las condiciones inhumanas e intolerables que existen en la frontera.

«Viven en campos de concentración», afirmó el legislador mexicoamericano.

«Chuy» García llamó a redoblar los esfuerzos legales para «poner freno y un fin» a la política MPP, conocida como «Permanezca en México», que es una violación de los derechos humanos de la gente que busca refugio.

Según informó, solamente del 2 al 3 % de los migrantes que llegan a exponer su caso ante un juez de inmigración lo hacen acompañados por un abogado, que generalmente tiene una hora para hablar con su cliente antes de la audiencia.

«El gobierno quiere dar la impresión de que cumple con un cierto tipo de proceso debido», expresó.

Castro informó que el Gobierno ha aprobado otras medidas para enviar «lo más lejos posible de la frontera» a quienes llegan buscando asilo, con preferencia de regreso a Centroamérica.

«Lo anunció Ken Cuccinelli (subsecretario interino de Seguridad Nacional), son dos programas para acelerar todavía más el proceso de asilo», dijo.

Los dos programas, uno denominado Proceso de Revisión Humanitaria de Asilo (HARP) para atender pedidos de ciudadanos mexicanos, y el otro llamado Revisión Rápida de Pedidos de Asilo (PACR), para los demás solicitantes, funcionaron como experiencia piloto desde octubre en El Paso (Texas), pero desde comienzos de este mes están operativos en toda la frontera.

Abogados de inmigración, y una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), sostienen que ambos programas niegan el proceso debido porque hacen casi imposible que los migrantes tengan acceso a ayuda legal.

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