Denver (CO) – Dirigentes de varias organizaciones comunitarias de Colorado testificaron este jueves en la legislatura estatal en contra de un proyecto de ley que, de aprobarse, fomentaría una mayor colaboración entre la policía local y las autoridades federales de inmigración en casos de presos indocumentados.
El proyecto, conocido como HB20-1188 e impulsado por el representante estatal Dave Williams (republicano), busca que los uniformados locales puedan actuar como agentes de inmigración en casos en los que el indocumentado detenido haya sido condenado por crímenes estatales o federales o haya reingresado al país tras haber sido deportado.
Asimismo, el proyecto crea la posibilidad de que, si el indocumentado con antecedentes penales queda en libertad y luego comete un crimen, la víctima pueda demandar a quien no mantuvo detenido a ese indocumentado y pedir una compensación económica, considerando al policía de Colorado como «cómplice» del extranjero.
En años anteriores, Williams (de familia con miembros hispanos) presentó proyectos similares que nunca fueron aprobados.
«Este proyecto de ley básicamente legaliza el perfil racial. La gente de Colorado ya se ha expresado en contra de esas políticas racistas cuando votó contra leyes similares. Pongamos fin a esta postura antiinmigrante y enfoquémonos en vez en representar de verdad las necesidades e intereses de los residentes en Colorado», declaró en su testimonio Feven Berhanu, de la Alianza Popular de Colorado (COPA).
Por su parte, Raquel Lane-Arellano, directora de políticas públicas de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), enfatizó que «Colorado es el hogar de distintos ciudadanos y miembros de la comunidad que fortalecen a este estado».
Por eso, pidió «mantenerse unidos contra la HB20-1188, que busca crear una brecha de desconfianza entre los inmigrantes y las fuerzas del orden locales».
Otra dirigente, Karla Gonzáles García, directora de políticas públicas de la Organización de Colorado por Oportunidades y Derechos Reproductivos de Latinas (COLOR), abogó por «reformar un sistema inmigratorio inoperante en vez de impulsar políticas que perpetúan insultos contra los inmigrantes llamándolos criminales, que dividen familias y que incluso empeoran la crisis de derechos humanos».
En 2017, Williams impulsó el proyecto HB17-1134 o Ley de Responsabilidad de los Políticos de Colorado, para que víctimas o familias de víctimas de crímenes cometidos por indocumentados pudiesen demandar a los funcionarios públicos «responsables de crear jurisdicciones santuario».
Un año después propuso la iniciativa de Ley de Responsabilidad Política de Colorado, pidiendo que la legislatura local aprobase una resolución indicando que las «jurisdicciones santuario» son «contrarias a las leyes federales y a los intereses estatales». Ninguna de esas leyes fue aprobada.
Y en 2019, Williams se opuso al proyecto HB19-1124, luego convertido en ley, que estableció límites a la cooperación de la policía de Colorado con agentes de inmigración.
Según los dirigentes proinmigrantes, si el nuevo proyecto se convirtiese en ley «se perderían décadas de trabajo conjunto entre líderes comunitarios y policías locales».
