Madrid – España está «lejos» de cumplir el Pacto Mundial de Migraciones (PMM) que adoptó junto a otros 151 países en diciembre de 2018, denunciaron este martes seis entidades sociales que defienden los derechos de los migrantes.
Con motivo del nuevo examen regional del cumplimiento de este pacto que tendrá lugar el próximo marzo en Ginebra, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Catalunya, CONVIVE Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui elaboraron su propio informe de evaluación.
El estudio concluye que España «todavía está lejos de cumplir con la legalidad internacional y de alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados en el PMM» por políticas como la externalización de fronteras, las devoluciones en caliente (inmediatas), los CIE (centros de internamiento de extranjeros) o las problemáticas pruebas de determinación de edad a menores.
Sobre la externalización de fronteras, critican los acuerdos de España con países como Marruecos, Mauritania o Senegal enfocados en frenar las salidas de migrantes irregulares, lo que, según las entidades, contraviene el derecho internacional al asilo por parte España.
Sobre las devoluciones en caliente, las entidades defienden que se trata de un «un evidente incumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos» y condenan la «falta de transparencia» sobre el número de personas afectadas.
Exigen que se cumpla el mandato del Tribunal Constitucional español que exige su aplicación individualizada, bajo control judicial y con pleno sometimiento a las obligaciones internacionales.
Las entidades piden más regularización y menos CIE
El informe censura que las autoridades españolas «continúan utilizando de forma prioritaria y arbitraria el internamiento en los CIE frente a otras alternativas menos lesivas» y proponen el cierre de estos centros y la promoción de políticas de regularización migratoria.
La publicación también cuestiona el sistema de detección de edad de menores migrantes no acompañados en España y critica la «insuficiencia» de las pruebas médicas, la ausencia de intervención forense y de participación e información para el joven durante el procedimiento.
En relación con la trata de personas, el informe indica que «la realidad española dista mucho de adecuarse» al marco legal internacional, al no garantizar «la correcta integración de enfoques tan necesarios como los de derechos humanos, género, interseccionalidad, infancia y adolescencia y discapacidad».
Prevalece el cierre de fronteras sobre la movilidad laboral
En cuanto a las vías legales y seguras de los extranjeros para acceder a España, el informe lamenta que los cambios en los últimos años no se orientan a su apertura y mejora.
Califican las modificaciones realizadas para facilitar la movilidad laboral como «muy limitadas», mientras que «ha prevalecido la política de cierre de fronteras».
El informe denuncia el alto nivel de temporalidad de los contratos a personas extranjeras y la brecha salarial respecto a los españoles.
También critica las identificaciones policiales por perfil racial, una práctica «discriminatoria, humillante y estigmatizante» y apunta la falta de una prohibición expresa de esta práctica.
