México – Sin ser investido todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una consulta para estos sábado y domingo con una batería de cuestiones sin precedentes que someten derechos fundamentales, como pensiones, becas o sanidad, a la opinión ciudadana.
Entre las 10 iniciativas que serán consultadas hay proyectos de infraestructuras como el Tren Maya del sureste del país pero también seis propuestas sociales para favorecer la vida de ancianos, estudiantes y discapacitados.
Aunque López Obrador se ha posicionado en favor de estas iniciativas, el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Khemvirg Puente, considera que el plebiscito «genera un mal precedente».
«Someter a consulta derechos sociales puede provocar más adelante un retroceso en cuanto a derechos», opinó para Efe el académico, quien sostuvo que el objetivo detrás de esta consulta es «construir una narrativa de supuesta cercanía con el pueblo».
«Aumentar al doble la pensión de todos los adultos mayores de 68 años», «becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país» y «proveer cobertura gratuita de internet en espacios públicos» son algunas de las iniciativas del referendo popular.
También lo son «otorgar becas y capacitación laboral a 2,6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidades de estudiar ni de trabajar», «garantizar atención médica y medicinas a toda la población que no cuenta con servicios de salud» y «pensionar a un millón de personas que viven con alguna incapacidad».
Estas son unas medidas especialmente sensibles en un país que según datos oficiales registra 53,4 millones de personas en situación de pobreza, el 43,6 % de la población, un dato que algunos expertos elevan a más de la mitad de los mexicanos.
Por eso, el referendo de López Obrador ha suscitado críticas tanto por someter a una consulta informal proyectos sociales de relevancia como por hacerlo con preguntas sesgadas que inducen a votar en favor.
«Es una estrategia de publicidad que busca legitimar las opiniones del nuevo Gobierno», dijo contundente el experto en ciencia política, quien recordó que el plebiscito no tiene «la mínima seriedad para llamarlo consulta».
De igual manera que el referendo sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se llevó a cabo en octubre, esta consulta también será organizada por asociaciones cercanas a López Obrador y sin ningún tipo de verificación independiente.
También es previsible que vote una proporción mínima del censo electoral y que ganen las opciones favoritas del presidente electo, de igual forma que en el anterior plebiscito triunfó el plan de cancelar las obras del nuevo aeropuerto.
«Defiendo estos proyectos, porque yo los propuse, la gente me dio su confianza, votó por nosotros el 1 de julio, tengo legalidad, tengo legitimidad, pero no está de más que se reafirme», dijo el mismo López Obrador al convocar esta consulta la semana pasada.
El líder izquierdista, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, confesó que no es «imparcial» y que está en favor de todos los proyectos del plebiscito, pero los somete a una consulta para evitar críticas de la derecha: «Piensan que vamos a usar este mecanismo para lo que nos conviene y no se va a consultar todo», dijo.
Sin embargo, los expertos sostienen que para dar legitimidad a estas consultas deberían llevarse a cabo con organismos independientes, preguntas claras y neutrales, y una campaña de información que contraste opiniones en favor y en contra de cada opción.
Puente apuntó que este tipo de consultas son un ejercicio «arriesgado» porque están «desgastando la idea de democracia participativa» puesto que no se convocan a «través de canales institucionales».
De todas formas, López Obrador ya ha anunciado una reforma constitucional que facilitará los plebiscitos, que serán organizados por el Instituto Nacional Electoral, una vez haya asumido el poder.
