Tegucigalpa- En los últimos dos años, Honduras ha enfrentado una alarmante crisis en cuanto a abuso sexual infantil, reveló un informe reciente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, expuso que, según este informe, en 2023 el país contabilizó más de 2,300 denuncias de abuso sexual infantil, evidenciando una situación sumamente preocupante.
Aunque se observó una ligera disminución en los casos reportados para el año 2023, la realidad es que este descenso no refleja una mejora sustancial en la situación, sino más bien una falta de confianza en las instituciones para denunciar estos crímenes atroces.
Según el informe de la ASJ, el 98 % de los casos de abuso sexual infantil no son denunciados, principalmente debido a la desconfianza en el sistema judicial y la impunidad que prevalece en torno a estos delitos.
Castañeda, señaló que, aunque se registró una disminución del 15 % en las denuncias de abuso sexual infantil en 2023, este dato debe ser interpretado con cautela. «Menos denuncias no significan menos abusos, sino menos confianza en el sistema», afirmó Castañeda.
Destacó que de acuerdo a estudios que han realizado con expertos consultados, la falta de denuncias no refleja una disminución en la incidencia del abuso, sino más bien una falta de fe en la capacidad del sistema judicial para brindar justicia.
Durante el año 2023, se registraron 1,080 denuncias de abuso sexual infantil, cifra que sigue siendo alarmantemente alta. Según estudios realizados por la ASJ, cada 4 horas se reporta un acto de abuso sexual infantil en Honduras, lo que ilustra la gravedad y la urgencia de la situación.
Uno de los principales obstáculos que inhiben a las víctimas de abuso sexual infantil a denunciar es la impunidad que rodea estos casos. Más del 90 % de los casos ni siquiera son investigados, lo que crea un ambiente de desesperanza y desconfianza en el sistema de justicia. «El tema de la impunidad afecta considerablemente al sistema de justicia», afirmó Castañeda.
Ante esta situación, es imperativo que se tomen medidas urgentes para proteger a los niños y niñas hondureños de la violencia y el abuso sexual. Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de investigar y procesar estos delitos, así como promover la confianza de la población en el sistema judicial para que las víctimas se sientan seguras al denunciar estos crímenes, concluyó.
