Washington – Dos senadores demócratas presentaron este lunes, nuevamente, un proyecto de ley que daría la residencia legal permanente y una senda hacia la ciudadanía a miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que temen ser deportados a los países de los cuales huyeron.
«Hay un costo enorme de la incertidumbre en las familias, tanto los adultos como los niños, un alto precio que se paga por no saber qué depara el futuro», dijo en una teleconferencia de prensa el senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland.
El TPS ha dado una residencia legal temporaria que ahora, según el Foro Nacional de Inmigración, incluye a más de 400.000 personas oriundas de una decena de países y que llegaron a Estados Unidos escapando de desastres naturales o la violencia y la persecución.
Los grupos más numerosos en el programa incluyen a unos 247.700 salvadoreños, 79.400 hondureños, 55.350 haitianos, 14.550 nepalíes, y casi 7.000 sirios. Otros países actualmente designados para TPS son Nicaragua, Yemen, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.
El Gobierno de Estados Unidos designa los países aceptados para el TPS y renueva esas designaciones cada seis a 18 meses. La designación de los países es temporal y en muchos casos expira en diciembre próximo.
En septiembre de 2020 un tribunal federal de apelaciones falló en favor del Gobierno del entonces presidente Donald Trump, contradiciendo una orden judicial previa que había impedido que se cancelaran las designaciones TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La misma orden había impedido la terminación de las designaciones TPS de Honduras y Nepal.
Como consecuencia de ello, los beneficiarios de TPS encaran ahora la incertidumbre a la espera de las audiencias judiciales sobre el programa..
El proyecto de ley titulado «Contexto de protección de países bajo represión y emergencia» (SECURE, por su sigla en inglés) ingresó originalmente al Senado, por entonces con mayoría republicana, en marzo de 2019 y remitido al Comité Judicial, pero no llegó a votación en el pleno del órgano legislativo.
«Los beneficiarios de TPS han estado aquí, legalmente, muchos de ellos por décadas. Son nuestros vecinos, amigos; son comerciantes arraigados en sus comunidades. Y muchos de ellos están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus», dijo Van Hollen.
«Lo menos que podemos hacer es darles la certidumbre de un estatus permanente», añadió Van Hollen, quien copatrocina la legislación con su colega de Maryland Ben Cardin. La iniciativa cuenta con el auspicio de otros 20 senadores, según Van Hollen.
Cardin señaló que «existen ahora las circunstancias favorables» para la legislación cuando los demócratas tienen mayoría en el Senado y el presidente Joe Biden ha prometido una política migratoria «justa y humana».
«Los beneficiarios del TPS llegaron a este país legalmente, y están aquí debido a los temores por su seguridad en sus países. Tienen familias en Estados Unidos, algunos de sus hijos son ciudadanos estadounidenses y necesitamos mantener a las familias unidas», dijo Cardin.
Los dos senadores destacaron la importancia de pasar de un TPS sujeto a decisiones cambiantes mediante políticas del poder ejecutivo a un marco de legislación que haga permanente la residencia lega y abra una senda para la ciudadanía para sus beneficiarios.
El programa TPS para El Salvador se inició en marzo de 2001 después de que ocurrieran terremotos en enero y febrero de ese año en el país centroamericano, y el de Haití comenzó en julio de 2011 como respuesta a un terremoto el año anterior.
Por su parte el TPS de Honduras y el de Nicaragua se inició en enero de 1999 dando amparo a damnificados por el huracán Mitch en noviembre del año anterior.
