
Tegucigalpa – La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la Corte del Distrito Norte de Georgia que mantenga detenida sin fianza a la excónsul Ada Serrano Núñez, ex jefa del Consulado de Honduras en Atlanta, quien enfrenta tres cargos federales por extorsión extranjera y lavado de dinero.
-Según la fiscalía, no existe ninguna condición de libertad que garantice razonablemente que se presente ante la Corte cuando sea requerida.
-En cuanto a la pena, el Gobierno indica que, con base en la acusación actual, la acusada podría enfrentar un máximo legal de 40 años de prisión.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la Corte que Ada Serrano Núñez permanezca detenida mientras se desarrolla el proceso, es decir, que no enfrente el juicio en libertad bajo fianza. La fiscalía argumenta que existe un serio riesgo de fuga y un serio riesgo de obstrucción a la justicia.
El caso, identificado como 1:26-cr-00407-UNA, Estados Unidos contra Serrano Núñez, fue presentado el 1 de septiembre de 2026. La acusada enfrenta un primer cargo por conspiración para violar la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, un segundo cargo por violación directa de esa misma ley, y un tercer cargo por conspiración para lavado de dinero.
En documentos revisados por Proceso Digital, el 16 de noviembre de 2026, el Gobierno de Estados Unidos presentó una moción de detención en la que argumenta que existe un serio riesgo de que la acusada huya del país y un serio riesgo de que obstruya o intente obstruir la justicia.
La fiscalía sostiene que Serrano Núñez no tiene un lugar estable para residir bajo fianza en Estados Unidos, ni empleo, ni lazos familiares o comunitarios en ese país. Agrega que sus únicos familiares en Estados Unidos, sus dos hijos adultos, también han sido arrestados.
Uno de los argumentos centrales de la moción es que la acusada tiene acceso a múltiples pasaportes y documentos de viaje, tanto personales como de clasificación oficial del gobierno.
La fiscalía señala que, por su anterior cargo como jefa del Consulado local, ella creaba y emitía regularmente documentos oficiales de identificación y viaje, incluyendo pasaportes, por lo que tiene experiencia y acceso a equipo para fabricar nuevos documentos a su nombre o con una nueva identidad que le permitirían viajar o huir.
La fiscalía también argumenta que, por sus conexiones de alto nivel con el Gobierno de Honduras, si escapara de regreso a Honduras, el gobierno probablemente no la extraditará de regreso a los Estados Unidos.
En cuanto a la pena, el Gobierno indica que, con base en la acusación actual, la acusada podría enfrentar un máximo legal de 40 años de prisión. Además, según las estimaciones del Gobierno, su rango bajo las Guías de Sentencia de Estados Unidos sería de 292 a 365 meses de prisión, es decir, entre 24 años y 4 meses y 30 años y 5 meses, antes del crédito por aceptación de responsabilidad. La fiscalía sostiene que una sentencia tan significativa aumenta la probabilidad de que huya.
La moción también señala que la acusada tiene acceso a recursos financieros sustanciales que podrían usarse para facilitar una fuga. El Gobierno estima que Serrano Núñez recolectó al menos 375,000 dólares en efectivo durante el curso del esquema investigado.
Sobre la fuerza de la evidencia, la fiscalía asegura que el peso de la evidencia en su contra es fuerte.
La investigación incluye registros financieros, testigos cooperantes, mensajes de texto y muchas grabaciones encubiertas de la acusada y sus co-conspiradores discutiendo directamente el esquema y los esfuerzos para evitar la detección. Según la fiscalía, las conversaciones grabadas muestran que la acusada controlaba estrechamente el esquema y dirigía personalmente cómo se recolectaba y manejaba el efectivo.
En los documentos en poder de Proceso Digital, la investigación también mostró, según el documento, que la acusada era consciente de las técnicas policiales y tomó medidas deliberadas para intentar obstruirlas, lo que indica, a juicio de la fiscalía, una predisposición a intentar obstruir la justicia si es liberada.
Por todas estas razones, el Gobierno solicitó que la Corte realice la audiencia de detención en la comparecencia inicial y que la acusada sea detenida. También solicitó permiso para complementar la moción con motivos adicionales.
Hasta el momento, los documentos consultados reflejan los cargos y la petición de la fiscalía para mantenerla detenida. La acusada mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso continúa en la justicia estadounidense.
Nombran abogado de oficio
En otro documento se constata que la Corte de EEUU nombró un abogado de oficio a Ada Serrano Núñez por no poder pagar defensa privada.
En ese sentido, la Corte del Distrito Norte de Georgia, en Atlanta, ordenó el nombramiento de un abogado de oficio para representar para la acusada, quien enfrenta tres cargos federales en Estados Unidos.
La orden, emitida el 17 de noviembre de 2026 y firmada por el Juez Magistrado de Estados Unidos R. Cannon, señala que la acusada declaró bajo juramento que no tiene capacidad financiera para contratar un abogado, por lo que el interés de la justicia exige que se le asigne defensa.
En consecuencia, la Corte ordenó que el abogado Jay I. Shreenath será el encargado de representar a Serrano Núñez en el proceso.
En el documento se reitera que este nombramiento corresponde al Documento 11 del expediente judicial, identificado como caso 1:26-CR-00407-1-SDG-JSA.El caso, denominado USA v. Serrano Núñez, fue presentado el 1 de septiembre de 2026 y, según el resumen del caso, la acusada enfrenta un cargo por conspiración para violar la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, un segundo cargo por violación de esa misma ley y un tercer cargo por conspiración para lavado de dinero.
El proceso se tramita en la oficina de Atlanta, correspondiente al condado de Gwinnett. Este jueves se realizará la audiencia a la exconsul hondureña.LB








