Denver (CO) – La Legislatura de Colorado comenzó a debatir este jueves un paquete de medidas impulsado por la senadora Julie Gonzales para reducir el presupuesto de las tres cárceles privadas del estado y quizás cerrar esos establecimientos, incluyendo un centro de detención con unos 1.200 indocumentados.
La principal medida, conocida como HB20-1019, busca reabrir una prisión estatal en Cañon City (en el sur de Colorado) para acomodar allí a los presos hasta ahora alojados en una cárcel privada en Colorado Springs.
Como consecuencia de esa reapertura, que tiene un costo estimado en 200 millones de dólares, Gonzales y la representante Leslie Herod proponen recortar o eliminar el presupuesto estatal para cárceles privadas.
En la actualidad, según estadísticas del Departamento Penitenciario de Colorado, de los casi 20.000 presos en este estado unos 4.000 se alojan en establecimientos privados. Si los proyectos de Gonzales y Herod se aprobasen, esas cárceles privadas quedarían permanentemente cerradas en 2025.
Para Gonzales, ese es solamente un elemento de una reforma carcelaria más profunda que debe incluir además nuevas leyes sobre libertad condicional.
«Necesitamos entender de qué manera las personas se mueven por las distintas fases del sistema de justicia criminal, qué agencias toman las decisiones sobre esas personas, qué datos se recolectan y quién los colecta, y qué datos son compartidos o no por los distintos niveles de las agencias de justicia criminal», indicó Gonzales al presentar su proyecto.
De esa manera, dijo, se podrán evitar situaciones como las negociaciones entre el Estado de Idaho y la empresa CoreCivic para alojar hasta 10.000 presos en una cárcel privada en la localidad de Burlington, en las praderas en el oeste de Colorado.
Herod, por su parte, enfatizó que HB20-1019 está escrita de tal manera que «busca terminar con el uso de cárceles privadas», algo que, es «definitivamente un movimiento en todo el país».
Algunos legisladores, como el republicano Rod Bockenfeld, indicaron antes del inicio del debate que el cierre de las cárceles privadas tendrá un impacto negativo en las economías locales.
Por ejemplo, el establecimiento en Colorado Springs generaba más de seis millones de dólares anuales para esa ciudad.
La cárcel de GEO Group en Aurora (donde están los presos indocumentados) aporta casi ocho millones de dólares anuales en salarios y otros 120 millones de ingresos para negocios de la zona, según la Comisión de Planificación de Aurora, y la cárcel que GEO, por decisión propia, dejó de operar en 2019 en Hudson aportaba unos 10 al año.
«Nadie debería recibir ninguna clase de incentivos para mantener a personas encarceladas», opinó Cristian Solano, de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), subrayando que «si un modelo económico depende de encarcelar a personas, ese modelo económico está en bancarrota moral».
Dependiendo de la duración del debate inicial, se anticipa que el primer voto sobre recortes para fondos a cárceles privadas podría realizarse este jueves por la tarde o mañana viernes.
