Supremo muestra escepticismo sobre la exclusión de indocumentados del Censo

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Varias personas hacen cola frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington (Estados Unidos). EFE/ Shawn Thew/Archivo

Washington – La mayoría de los nueve miembros del Tribunal Supremo de Justicia que escucharon este lunes argumentos acerca del decreto del presidente Donald Trump que pretende excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras del Censo mostró escepticismo acerca de las razones y consecuencias de la medida.

Aunque el Gobierno ha pedido un veredicto expedito, según lo escuchado en la audiencia de este lunes es probable que los jueces eviten pronunciarse hasta que conozcan más detalles sobre la aplicación de la medida, lo que impediría que el presidente siga adelante con su plan antes de que tenga que dejar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Durante la audiencia, solo los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito se mostraron cercanos a las posiciones del gobierno, mientras que el resto de los magistrados, incluidos los otros cuatro conservadores, dieron señales de estar reacios a emitir un fallo, aunque inicialmente se esperaba un pronunciamiento antes de final de año.

La Constitución estipula que el Censo se hace cada diez años, contando a la población para luego asignar, proporcionalmente, la diputación en la Cámara de Representantes, las delegaciones en el Colegio Electoral, y la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales para educación, salud, infraestructura y programas sociales.

En julio, a la par de su retórica y sus políticas antimigratorias, Trump emitió un memorando para excluir a los extranjeros indocumentados del conteo efectuado en el Censo 2020.

Un análisis hecho por el Centro Pew, sobre las proyecciones de población de la Oficina del Censo en 2019, concluyó que si se aplicara el criterio de Trump, California perdería dos escaños, en lugar de uno, en la Cámara de Representantes, mientras que Florida ganaría uno en lugar de dos, y Texas ganaría dos en lugar de tres.

Tres tribunales federales en Maryland, Nueva York y California ya han dictaminado órdenes que impiden la aplicación de esta medida, y la Oficina del Censo misma ha indicado que podría no poder entregar cifras acertadas para la distribución de representaciones políticas antes que Trump concluya su mandato el 20 de enero.

La jueza Amy Barrett, designada por Trump y confirmada recientemente por el Senado, apuntó que «los precedentes históricos jamás cuestionaron si, a los efectos de distribución, se incluirían los extranjeros que residen en el país ilegalmente».

El procurador general Jeffrey Wall, en representación del Gobierno de Trump, alegó que «si bien los autores de la Constitución no indicaron que el Censo debía excluir a los inmigrantes indocumentados, tampoco expresaron que se les deba incluir».

La procuradora general de Nueva York, Barbara Underwood, que forma parte de los demandantes contra el Gobierno, replicó que el «Censo siempre ha incluido a personas que no tenían derecho a votar, y entre ellas a los inmigrantes indocumentados».

La medida de Trump «finge que las personas que, bajo la ley, no deberían estar en el país, de hecho no están», añadió Underwood. «Hay millones de inmigrantes indocumentados, y esta política no reconoce que ellos han vivido aquí, quizá, por décadas».

Dale Ho, director del Proyecto de Derecho al Voto en la Unión de Libertades Civiles (UCLA), argumentó en la audiencia virtual que «el presidente Trump ha intentado, y fracasado, repetidamente usar el Censo para sus ataques contra las comunidades inmigrantes».

Ho recordó que ya en 2019 el Tribunal Supremo dictaminó que el gobierno de Trump había mentido acerca de sus motivos para incluir, en el cuestionario del Censo, una pregunta acerca de la ciudadanía de los participantes, dirigida especialmente a los cerca de once millones de indocumentados que se calcula residen en el país.

«Ahora, el gobierno ha admitido su razón real: excluir a las comunidades inmigrantes del censo y de la representación en el Congreso», añadió. «El Tribunal Supremo rechazó el intento de Trump el año pasado y debería hacerlo de nuevo. El mandato legal es claro: cada persona cuenta en el censo, y cada persona tiene representación en el Congreso».

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