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Las autoridades mexicanas interceptan a miles de migrantes al día para retornarlos a la frontera sur, donde quedan varados sin permiso para transitar o trabajar, según denuncian el Centro de Dignificación Humana (CDH) y el Colegio de Abogados de Migración y Derechos Humanos.

Organizaciones civiles acusaron a México de incumplir con las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos en medio del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) que la ONU realizó este miércoles, en el que, además, las sugerencias se elevaron a más de 300.

El número de mujeres migrantes superó por primera vez al de hombres el pasado año, según un informe elaborado por las ONG jesuitas Alboan y Entreculturas, cuya versión digital se presentó este lunes en Madrid.

La frontera sur de México vio pasar a cerca de un millón de migrantes durante 2023, la cifra más grande registrada en los últimos 10 años, informó este martes el coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García.

La colaboración entre diferentes organizaciones no gubernamentales permite realizar acciones de asistencia humanitaria a migrantes en tránsito que pasan por El Salvador en su camino hacia el norte del continente, en su mayoría a Estados Unidos.

Más de 300 organizaciones nacionales e internacionales emitieron este martes 18 informes con recomendaciones para revertir la “alarmante crisis en materia de derechos humanos” en México que “se ha profundizado” desde 2018, cuando asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Personas en tránsito y organizaciones no gubernamentales (ONG) en la frontera sur de México realizan un censo de migrantes que ingresan al país por Guatemala, a fin de solicitar al Gobierno mexicano papeles para transitar hacia Estados Unidos de forma legal y segura.

El Servicio Jesuita a Refugiados (JSR, por sus siglas en inglés) documentó la llegada de más de 124.000 migrantes en la primera mitad del año para buscar asilo en la frontera sur de México, donde están saturadas las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La reparación del daño para las familias de los 40 migrantes fallecidos y 42 sobrevivientes afectados en el incendio ocurrido el 27 de marzo pasado en una estación migratoria de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, norte de México, no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, señalaron este miércoles organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Se deben garantizar y salvaguardar los derechos humanos que son inalienables y que comienzan con el derecho a la vida", dijo Omayra Álvarez, activista antiaborto de República Dominicana, durante una sesión donde intervinieron las organizaciones de sociedad civil invitadas a la Asamblea General.