Metetí (Panamá) – Unicef dijo este lunes que ve con «preocupación» la reciente suspensión por orden del Gobierno panameño de la atención humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF) a los migrantes en la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia que es usada a diario como ruta migratoria.

«Cuando sale una organización siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades. Entonces, en este caso, esperamos que, seguramente, el Estado panameño pueda responder a esa necesidad», dijo la especialista de protección infantil en emergencias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Margarita Sánchez, desde Lajas Blancas, en la región del Darién.

Sánchez dio esas declaraciones en el marco de una visita de la Embajada de Estados Unidos y Unicef al Darién, para entregar una donación por el valor de 500.000 dólares en equipos a las autoridades panameñas, así como una planta potabilizadora a la comunidad indígena de Lajas Blancas, dentro de la Comarca Emberá – Wounaaam.

La especialista de Unicef también lamentó el impacto de la ausencia de esa ONG en la atención a las víctimas de violencia sexual: «Médicos Sin Fronteras va prestando servicios desde el 2021 para las personas de salud, especialmente para las sobrevivientes y los sobrevivientes de violencia sexual».

«Obviamente (al no estar MSF) hay un impacto en las personas que vienen en el flujo migratorio», detalló Sánchez a la vez que puntualizó que Unicef está «incrementando los servicios particularmente en el área de apoyo psicosocial para las sobrevivientes y los sobrevivientes y también en el área de salud».

Médicos Sin Fronteras informó la semana pasada que había tenido que suspender su atención médica y humanitaria en el Darién desde el pasado 4 de marzo por «orden» del Gobierno panameño ante la falta de un convenio con las autoridades, y que esa ONG intentó «en vano obtener dicha renovación desde octubre de 2023».

Esa situación se da además después de que esa ONG denunciara recientemente una «extraordinaria violencia» que sufre la población migrante que cruza por el Darién, a lo que el Gobierno panameño respondió el pasado viernes acusando a MFS de entregar informes «incompletos» de migrantres víctimas de violencia sexual.

MSF mostró su «enorme» preocupación «por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante», pues en promedio, cada mes, sus equipos médicos brindan atención en salud física y psicológica a casi 5.000 personas, «con un especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual».

En 2023, 676 migrantes víctimas de violencia sexual en el Darién recibieron atención médica integral de MSF y solo en enero de 2024, esa ONG registró 120 casos más, «un acto de violencia sexual cada tres horas y media».

Solo en lo que va de este año, más de 82.360 migrantes cruzaron el Darién, según datos de las autoridades panameñas, que los registran a su llegada a las primeras comunidades indígenas en la salida de la selva.

Estos datos chocan con los 49.291 registrados entre enero y febrero del año pasado, o los 87.390 al concluir marzo. El aumento ha sido progresivo desde 2021, llegando a la cifra récord de más de 520.000 en 2023, el doble que el año anterior.

Las autoridades panameñas han endurecido el discurso hacia el tránsito de migrantes por la selva e insisten en que este es un «negocio» del crimen organizado.