Londres – Los comunitarios residentes en el Reino Unido que aún no han solicitado el permiso para quedarse a raíz del Brexit o están a la espera de recibirlo afrontan un limbo legal, con problemas para trabajar o recibir atención médica, alertó hoy la organización proeuropea «El Reino Unido en una Europa cambiante».
El próximo 30 de junio expira el plazo para que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que lleven más de cinco años de residencia en el Reino Unido, o menos de cinco pero que hayan entrado antes de finales de 2020, hagan la petición digital al ministerio de Interior a fin de obtener el permiso que les permita residir legalmente en el país, tras materializarse el Brexit el 1 de enero de 2021.
El Reino Unido ha establecido dos estatus migratorios, el de «asentado» para los comunitarios con más de cinco años de residencia y el de «preasentado» en el caso de los que lleven menos de cinco.
La organización alertó, en un encuentro con la prensa extranjera, que muchos ciudadanos de la UE pueden verse con problemas para alquilar una casa, demostrar a empleadores que residen legalmente, cobrar la jubilación o acceder a la sanidad pública si aún están a la espera de recibir el permiso o si aún no lo han solicitado.
Según los últimos datos oficiales, más de 300.000 personas todavía están esperando una decisión sobre su estatus migratorio.
La subdirectora del «Reino Unido en una Europa cambiante» y profesora de derecho de la UE en la Universidad de Cambridge, Catherine Barnard, ha recalcado la importancia legal de tener un comprobante del trámite (actualmente no hay prueba física), a pesar de las garantías verbales que ofrece el Gobierno.
Barnard citó como problemas la posibilidad de que los empleadores sean multados -con hasta 15.000 libras (17.400 euros)- por contratar trabajadores en situación irregular, así como las que pueden afrontar los caseros -con 3.000 libras (3.480 euros).
A esta organización también le inquietan los casos de comunitarios que llevan muchos años viviendo en el Reino Unido pero pueden no estar al tanto de la regulación, los que padecen demencia o los «sin techo».
Barnard, que admitió que se desconoce la cantidad de comunitarios que aún no han hecho el trámite, citó además casos de personas que no quieren facilitar información personal a las autoridades.
La situación es complicada, añadió la experta, porque los permisos se hacen en línea y no hay «prueba física» (documento en papel) para demostrar que su solicitud está siendo tramitada, algo que puede dificultar el acceso, por ejemplo, a la sanidad.
«El estatus de asentado de la UE es un éxito masivo en términos de proporcionar un sistema rápido y eficiente, que ha llegado a un gran número de personas. Pero está a punto de entrar en una fase que requerirá una gestión sensible donde el gobierno tendrá que mostrar pragmatismo y flexibilidad al tratar con casos difíciles», dijo.
Según las últimas cifras oficiales, casi cinco millones de europeos, entre ellos 320.850 españoles, obtuvieron hasta el pasado 31 de marzo los estatus migratorios de «asentado» o «preasentado» en el Reino Unido, que permiten quedarse en el país tras su salida en 2020 de la Unión Europea.