“Voy a realizar la petición lo más pronto posible porque no se qué va a pasar más adelante y no quiero perder la oportunidad”, dijo a Efe Oscar, un joven guatemalteco de 17 años que no quiso revelar su apellido.
El programa fue creado por decreto del presidente Barack Obama en 2012 para evitar la deportación de inmigrantes indocumentados traídos ilegalmente al país cuando eran menores de edad, pero en septiembre de 2017, el presidente Donald Trump decretó la cancelación del programa.
El dirigente magisterial consideró que las decisiones de las autoridades de la Secretaría de Educación fueron improvisadas para afrontar la pandemia.
La orden de Garaufis señala que no más tarde del próximo lunes se debe abrir el programa a nuevas solicitudes, a las renovaciones de los que ya tienen DACA y los viajes, que habían sido restringidos por el Gobierno.
En su fallo del caso "Batalla Vidal v. Wolf", el tribunal determinó además que DACA debe volver a ser como era antes del intento del Gobierno Trump de cancelar el amparo migratorio en septiembre de 2017, fecha desde la cual el programa no recibe nuevas solicitudes, de acuerdo con una de las abogadas defensoras de los soñadores, Karen Tumliun, del National Immigration Law Center.
El nuevo seguro para indocumentados tipo Medicaid de Illinois fue incluido en el presupuesto del estado y comenzó a inscribir este mes a los primeros 2.000 beneficiarios.
"Queremos amplificar la historia de los 'soñadores' y nuevamente traer a la mesa la conversación sobre la necesidad de aprobar el Acta Sueño ("Dream Act") y una reforma migratoria para nuestros padres", dijo hoy a Efe Valdovinos.
En una teleconferencia organizada por la Coalición Empresarial Estadounidense para la Inmigración (ABC, en inglés), la senadora Susan Collins, republicana de Maine, opinó que "será difícil que haya mucho progreso en los primeros seis meses (de la Administración Biden) porque seguiremos lidiando con la pandemia de covid y el impacto sobre la economía".
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene detenidos a más de 16.700 inmigrantes indocumentados a la espera de sus audiencias para su posible deportación.
La ACLU ha recurrido a una corte federal para que el DHS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entreguen los documentos que pidió hace más de nueve meses a través de la Ley de Libertad de Información.